Alternativa, el tribunal y las nuevas asambleas
Jorge Javier Romero
Poco se puede esperar de una reposición de procedimiento hecha bajo
estas reglas. Sólo si, como producto del rapapolvo que le propinó el
tribunal, el grupo encabezado por Alberto Begné asume que su destino
político estará marcado por su conducta en este proceso y que el costo
de la exclusión de sus adversarios puede ser el desprestigio, la
reputación aniquilada y el ostracismo político y, por tanto, decide
recomponer en su totalidad, a través del diálogo y la negociación, su
actuación atrabiliaria, tendrá alguna posibilidad de supervivencia un
proyecto político por el que votó más de un millón de ciudadanos en
2006.
Sin embargo hay demasiados elementos para el escepticismo. No parece
que después de haberse apoderado del botín con tanta saña y encono,
vayan los asaltantes a reconocer que a pesar de tanto esfuerzo tienen
que compartir el espacio político con quienes desprecian al grado de
llamar feminazis, pinkys y otra sarta de insultos que demuestran su
falta de comprensión y acuerdo con el programa que logró el registro
del partido. Tampoco hay señales de que su pretendido compromiso
democrático y legal vaya más allá de la simulación de procedimientos
formales y que ahora sí vayan a entender la lógica del reconocimiento
del otro, de la necesidad de deliberación democrática y de la
construcción de acuerdos sobre la base del diálogo.
El fallo del tribunal federal abrió una pequeña oportunidad para que
Alternativa reencuentre el camino de la política democrática en su vida
interna, pero sin auténtica convicción de que el camino hasta ahora
recorrido lleva únicamente a la aniquilación de un proyecto que le dio
esperanza de recuperar la política como instrumento a más de un millón
de personas. Poco se puede esperar de la reposición formal de un
proceso, sobre todo cuando una de las partes se ha quedado sin recursos
y vínculos formales para competir durante varios meses. Claro que
quienes controlan el aparato partidista y, además, van a organizar las
asambleas por mandato judicial llevan una ventaja injusta, muy lejana a
un auténtico acto de reparación.
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