Hace casi
dos semanas el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) llevó
acabo, con apoyo de otras organizaciones, una gran manifestación
pública para protestar en contra de la extinción de la Compañía
de Luz y Fuerza del Centro. El día de la manifestación, las
estaciones de radio, los periódicos y tuiter, anunciaban la marcha
como el origen de una pesadilla tenebrosa que sufriríamos los
habitantes del Distrito Federal.
Desde temprano, en el radio se hicieron análisis políticos en el que concluían que la movilización convocada por el SME no sólo era un error político, sino una mala “costumbre de las izquierdas” al creer que así se puede generar “presión” desde la calle.
Los comentarios más moderados simplemente pedían que se reglamentaran las manifestaciones, pues “hasta se hace en países liberales como Holanda” para que por lo menos con 3 días de anticipación se informara sobre cualquier manifestación que afecte la circulación vehicular (aunque la manifestación del SME había sido convocada por lo menos una semana antes). Los comentarios más reaccionarios, que circulan con cierta facilidad en tuiter y en las llamadas telefónicas a las estaciones de radio, eran más sencillos “para eso está el ejército, quiten a los del SME de la calle”--exigían.
Acompañando estas descalificaciones a la movilización callejera como forma de acción política, algunos partidos políticos casualmente “reviven” iniciativas de ley para regular las marchas y manifestaciones en el Distrito Federal. Una de estas iniciativas (por suerte congelada hace más de un año) va tan lejos como para declarar ilegal cualquier manifestación que se lleve a cabo en el primer cuadro del centro de la ciudad, o sobre las avenidas Reforma e Insurgentes, en días laborales, y hacer sujetos de arresto a quienes “hayan tomado la palabra” en el transcurso de una manifestación. Otra de ellas, un poco más razonable, exige que no se violenten derechos de terceros, aunque no aclara por completo qué implica esto, pues no hay movilización masiva que de una manera u otra no lo haga.
Lo que llama la atención, tanto de las descalificaciones más superficiales como de los llamados más duros en contra de las marchas callejeras, es que pretenden aplicar un sólo estándar a cualquier marcha, sin importar los motivos y objetivos de los manifestantes.
Para el filósofo estadounidense Michael Sandel este tipo de defensa de los derechos de terceros es una defensa procedimental. Esto quiere decir que quienes hablan de prohibir o detener cualquier manifestación que invada derechos de terceros no están dispuestos a evaluar y juzgar la situación, pues pretenden que las leyes sean de aplicación automática. Para ejemplificar su argumento, Sandel compara dos casos de manifestaciones públicas en Estados Unidos. Una, la manifestación de un grupo neonazi en de pueblo Skokie, Illinois en 1977 habitado principalmente por sobrevivientes del Holocausto; otra la marcha convocada por Martin Luther King de Selma a Montgomery, Alabama en 1965 para exigir el reconocimiento de los derechos civiles de las y los ciudadanos negros. En el caso de Skokie, cuando las autoridades del pueblo negaron el permiso de manifestación a los grupos neonazis, estos se defendieron alegando que restringir su manifestación era una violación a la libertad de expresión. En el caso de la marcha por los derechos civiles, el gobernador conservador de Alabama pretendió prohibirla argumentando que bloqueaba el transito en una carretera estatal.
En ambos casos, todos los grupos interesados podrían defender su posición como la violación de sus derechos. Los neonazis y los activistas de derechos civiles argumentaron la violación de su libertad de expresión. Los gobiernos de Alabama, y de Skokie arguyeron la violación de los derechos de terceros. Aunque la defensa de derechos estandariza situaciones completamente distintas, nos dice poco sobre el valor y significado de cada una de las manifestaciones. Si sólo se usan los derechos como argumento, entonces renunciamos a juzgar, evaluar y discernir.
Cuando el caso de Skokie llegó ante un juez, éste falló en favor de los neonazis con un argumento de libertad de expresión, pese a que la manifestación dañaba los derechos de terceros según las autoridades del pueblo, pues tenía como único objetivo lastimar a sus habitantes con un discurso de odio racial. En cambio, cuando el caso de los manifestantes de Selma llegó a un juez, éste sentenció:
“...la extensión del derecho a reunirse, manifestarse y marchar de manera pacífica en las carreteras...debe ser comparable con la enormidad de los males contra los que se protesta y exige. En este caso, los males son enormes. La extensión del derecho a manifestarse en contra de estos males debe ser determinado de manera correspondiente”.
Es decir, en un caso se defendió la libertad de expresión de manera meramente procedimental, sin evaluar el daño causado y las motivaciones de los neonazis, en el otro se evaluó el contenido de las demandas y las razones para manifestarse. Para Sandel la diferencia es obvia, los Nazis promueven el genocidio y el odio, mientras que Martin Luther King luchaba por los derechos civiles de los negros. Aunque ambos “dañaban” derechos de terceros, sería una insensatez decir que eran iguales.
Pocos de quienes se opusieron a la marcha del SME a mediados de este mes piensan que el tema central es la libertad de expresión. De la misma manera, quienes apoyaron la movilización considerarían inaceptable su restricción. Pretender “regular” las manifestaciones a raja tabla sin dar espacio para reflexionar sobre ellas y ponderarles como parte de la discusión pública más amplia, sería como hacer moralmente equivalente las lucha por los derechos civiles y el nazismo. Por eso en vez de imponer nuevas leyes que es poco probable que sirvan de algo, sería mejor gastar el esfuerzo en tener instituciones jurídicas confiables, transparentes y democráticas que no renuncien a su papel público tras un discurso llano de derechos sino que se den la tarea de distinguir aquello que no es igual.