Andrés Lajous
REFORMA/ENFOQUE
Ciudad de México (1 noviembre 2009).- Hace un mes el académico Jon Elster hizo una presentación en el CIDE con motivo del 35 aniversario de la institución e hizo una propuesta que a buena parte de los politólogos del lugar tomó por sorpresa. Su presentación fue larga y cuidadosa, hizo un recuento histórico de la democracia y de la idea de igualdad política, para desembocar en un ejemplo: la Asamblea Ciudadana para la Reforma Electoral de la provincia de Columbia Británica en Canadá. Dicha asamblea fue convocada por la mayoría en el parlamento, pero se constituyó con ciudadanas y ciudadanos electos de manera aleatoria entre la población. Los participantes en la asamblea tuvieron que "donar" sus fines de semana para educarse en temas complejos de ciencia política, discutirlos con sus pares, y después hacer una campaña de difusión sobre lo decidido ante el resto de la ciudadanía.
El problema que pretendían resolver los legisladores de Columbia Británica era uno de conflicto de interés. Tras muchos años de tratar de cambiar su sistema electoral, no lo habían logrado por una sencilla razón: las modificaciones a las leyes electorales afectarían a los partidos que tuvieran la mayoría, y por tanto no había partido que se arriesgara a llevar a cabo reformas que pudieran ir en contra de sus propios intereses.Hoy en México enfrentamos un problema similar en relación con el financiamiento de los partidos políticos. Dentro del Congreso de la Unión es difícil encontrar al representante que logre iniciar un debate sobre la propuesta de reducción al financiamiento de los partidos. En diciembre del 2006 una diputada del entonces partido Alternativa la hizo y topó con pared. Hace unos días el presidente del PAN lanzó su propia propuesta, que pareció más una estrategia mediática, pues no tuvo mayor eco en su bancada, y la oposición descalificó la idea sin siquiera abrir un espacio mínimo para discutirla.
La dificultad que representa el tema para la mayoría de las y los legisladores no es sorprendente. Quien avanza dicha propuesta corre el riesgo de recibir un escarmiento por parte de sus correligionarios y adversarios internos, pues ningún político quiere ser expuesto como el que "vota en contra de reducir el financiamiento de los partidos", y ninguno quiere ser el responsable de reducir la nómina de su propio partido. Si me equivoco, y hay más legisladores que estén dispuestos a discutir y hacer una propuesta en público, como dijo Zapata: ¡que los valientes den un paso al frente, y pasen a firmar!
Para dificultar aún más las cosas, el presupuesto de los partidos políticos es el único que está definido a nivel constitucional. No es sujeto de negociación política, ni depende de las condiciones económicas del momento. Es un presupuesto que recibe una inexplicable protección, cuando el resto de los presupuestos públicos y privados tienen que vivir adaptándose continuamente a cambios muchas veces inesperados. Con esta perversa protección, si no hay cambios a la ley o al presupuesto, los partidos políticos recibirán poco más de 3 mil millones de pesos para el año 2010, sin ser año electoral, después de haber recibido 3 mil 600 millones de pesos este año. ¿En qué están gastando el dinero?
Según un estudio hecho por la organización civil Alianza Cívica durante el proceso electoral 2009, a alrededor de 30 por ciento de los electores (según el muestreo distrital hecho) en algún momento se les ofreció una dádiva a cambio de su voto. Para operar las estrategias de compra de votos se necesitan maquinarias burocráticas bien aceitadas, que complementan las toneladas de propaganda desechable. El dinero se está usando para comprar votos, no para convencer a votantes.
Una solución al conflicto de interés que existe entre los partidos políticos, y la asignación de sus presupuestos requiere de la misma premisa que la propuesta del profesor Elster: los beneficiarios no pueden ser los únicos que tomen la decisión.
Por esa razón varias organizaciones que integran lo que se conoce como la Asamblea Nacional Ciudadana (ANCA) han decidido hacer su propia campaña de difusión, opinión y presión sobre el tema. Usando tecnología de comunicación que permiten "comunicación masiva individual" (redes sociales, videos, blogs, y correo), la ANCA planteó una discusión pública que pretende ejercer suficiente presión para romper el conflicto de interés: ¿no sería mejor que los partidos recibieran su presupuesto público en relación al total de votos válidos emitidos en al última elección, en vez del cálculo actual que se hace a partir del total de integrantes del padrón electoral? En 2010 esto implicaría una reducción de alrededor de mil 700 millones de pesos.
La virtud del uso de Internet como medio de movilización es que puede existir con facilidad pese a la oposición de los afectados, e incluso pese a su ninguneo; permite más discusión y la incorporación de nuevas ideas de manera regular.
Dentro de esta discusión surgió la página www.yabajenle.org.mx, desde la cual cualquier ciudadano puede mandar una carta a los legisladores de varias comisiones de la Cámara baja, apoyando la propuesta de la ANCA. Si los diputados deciden hacer caso omiso, quedará registrado que sabían de la propuesta, que sabían que miles de ciudadanos la apoyaron, y que aún así evadieron entablar una discusión. Si contestan al llamado demostrarán que reconocen el cambio estructural que las relaciones políticas empiezan a sufrir en nuestro país, que ven ese cambio como una oportunidad para todos, y no como un obstáculo para sus intereses.
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El autor es integrante de la Asamblea Nacional Ciudadana.
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